La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV) asegura que el sector porcino en la Comunidad Valenciana ha perdido desde el octubre pasado más de 4’5 millones de euros, según un estudio interno sobre el estado de la cabaña ganadera valenciana realizado por la organización. Estas perdidas se deben principalmente al estancamiento de los precios en origen, que se han mantenido estables desde 2000, a la vez que han aumentado los costes de producción, de forma más atenuada en los últimos meses.
El porcino, constata UPA-PV, es el principal sector dentro de la ganadería en la Comunidad Valenciana, con un 65% del total ganadero. En total son más de un millón doscientas mil cabezas, con mayor incidencia en la provincia de Castellón donde se hallan más de la mitad de las explotaciones valencianas de este animal. Con ello, la salud del sector porcino incide directamente en las perspectivas de futuro del mundo rural de la Comunidad y sus resultados condicionan la vida de muchos hombres y mujeres del campo valenciano.
UPA-PV afirma que la fuerte subida registrada en el precio de los piensos compuestos ha afectado a todos los sectores ganaderos pero más determinantemente en los productores de porcino. Se estima que desde agosto del año pasado, la cebada ha aumentado sus precios en torno a un 35,5%, el maíz se ha encarecido en un 21,5% y la soja en un 13%, y las expectativas no contemplan una rebaja al respecto. Estos incrementos en el precio se deben a la menor cosecha de cereales en el mundo, fundamentalmente a la rebaja de la cosecha en España, un 15% menos que la media de los últimos diez años.
Ante esta situación UPA-PV denuncia la actitud de las administraciones públicas por no estimular y desarrollar el potencial productivo de otras fuentes de proteína distintas de la soja tales como las proteaginosas y leguminosas e invita a la reflexión a los distintos agentes implicados ante las enormes dificultades de viabilidad que tendrán las explotaciones familiares ganaderas si esta situación se mantiene en el tiempo, ya que no existirá otra salida para ellas que el cierre de las mismas, con el coste social que eso tiene en la Comunidad Valenciana.
