Las granjas deben tener tierras para verter purín aunque utilicen plantas de tratamiento.La legislación limita el uso de nitrógeno orgánico sin restringir el de origen mineral.
El sector porcino aragonés genera al año unas 40.000 toneladas de gases de efecto invernadero por la actividad biológica de la cabaña, que se acerca a los seis millones de cabezas, la mayor parte de ellas de cebo. Generan, según los baremos que aplica la Administración, más de 25.000 toneladas anuales de metano, unas 15.000 de amoniaco y en torno a 120 de óxido nitroso.
Los empresarios declaran las emisiones de sus granjas desde el 2002, como consecuencia de la aplicación del protocolo de Kioto. Esos efluvios quedan recogidos en la Autorización Ambiental Integrada (IPPC en las siglas comunitarias), un permiso obligatorio para todas las granjas de más de 2.500 cerdos –también para las de 4.000 aves y las industrias cuya actividad rebasa determinados niveles de polución– cuyo proceso de emisión se cierra en estos días.
La han pedido las 408 granjas que superan esas cabañas, aunque solo 336 lo hicieron dentro del plazo establecido, que finalizaba, después de tres años, el pasado 31 de diciembre. Una veintena de las 72 restantes, que formalizaron sus peticiones fuera de plazo, ya disponen de los permisos. Medio centenar, no. Tampoco los tienen todavía otras cien del primer grupo. Las que lo pidieron tarde y aún no lo han conseguido se encuentran fuera de la ley desde el pasado jueves. Serán susceptibles de sanciones y cierres todas las que no los tengan el 1 de enero.
Los ganaderos consideran que la IPPC no supone ninguna mejora y sí más papeleo, para el sector. "Ha consistido en ponerlo todo sobre el papel, porque la gente ya tenía las granjas en condiciones", explica Ramón Ballarín, técnico de la organización agraria Asaja.
