La Unión Europea ha dado un ultimátum a las industrias productoras de aves de corral y porcinos: tendrán 22 meses para adaptarse a una nueva reglamentación ambiental que busca reducir significativamente las emisiones contaminantes. La medida, que excluye al sector bovino, comenzará a implementarse esta semana.
La nueva directiva de emisiones industriales entró en vigor esta semana y a partir de esta fecha, los Estados miembros dispondrán de un plazo de 22 meses para integrar sus disposiciones en sus legislaciones nacionales,.
En los últimos meses, productores agropecuarios han expresado su descontento con manifestaciones en varias capitales europeas, utilizando tractores y maquinaria agrícola para protestar contra las exigencias ambientales y los costos económicos asociados.
Elementos contaminantes y objetivos a largo plazo
Entre los principales elementos que se buscan neutralizar se encuentran los óxidos de nitrógeno, amoniaco, mercurio, metano y dióxido de carbono. El objetivo es reducir las emisiones de estos contaminantes en un 40 % para 2050, en comparación con los niveles de 2020.
Según un comunicado de la Comisión Europea, los gobiernos de la UE y el Parlamento Europeo lograron un acuerdo para revisar esta normativa en noviembre del año pasado, bajo la presidencia española del Consejo de la UE. La normativa afectará a establecimientos de producciones intensivas con al menos 300 cabezas de cerdos, 280 aves de corral, o 300 gallinas ponedoras. Para granjas mixtas, la regulación aplicará a aquellas con unos 350 animales.
Exclusiones y sanciones
Quedan excluidas las granjas extensivas, la cría de animales para uso doméstico y las explotaciones de vacuno. Además, la Comisión Europea instará a los Estados miembros a establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para quienes infrinjan las medidas adoptadas. Las multas deberán considerar la gravedad y duración de la infracción, su recurrencia y el impacto en personas y el medio ambiente. En los casos más graves, las sanciones deberán ser de al menos el 3 % de la facturación anual del operador en la UE.
Esta medida, aunque controvertida, representa un paso significativo en los esfuerzos de la Unión Europea por cumplir con sus objetivos climáticos a largo plazo y reducir el impacto ambiental de sus industrias más contaminantes.
