Segovia lidera el grupo de provincias que han adaptado sus instalaciones a la nueva legislación, lo cual conlleva también un cambio en el manejo. Los representantes del sector calculan que las inversiones se podrán dejar amortizadas en un plazo no inferior a los doce años.
an Antón puede estar de enhorabuena. Los ganaderos de Segovia son los más diligentes a la hora de someterse a la Ley de Bienestar Animal, una normativa europea de obligado cumplimiento desde el pasado 1 de enero.
De este modo, el sector demuestra su disposición a cumplir y a estar preparados para el futuro con el fin de volver a ser punta de lanza en la batalla comercial en que se mueve el competitivo mundo de la ganadería.
Los expertos calculan que la aplicación de la Ley supone un incremento de los costes de producción en torno a un doce por ciento como media. Ello tendrá que ser repercutido al mercado para mantener los niveles de rentabilidad que en los últimos meses no han sido muy holgados.
Coinciden los técnicos consultados en que estar preparados supone una posición de salida favorable pues no se trata sólo de modificar las instalaciones, sino también de un cambio en el manejo de los animales que implica cambios de conductas y preparación por parte de los ganaderos.
El director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), Miguel Ángel Higuera, recuerda que la adaptación a la normativa ha supuesto “un gran esfuerzo por parte de los productores de porcino ya que no sólo significa un cambio en el manejo de los animales, sino también en las instalaciones”. Se trata de dificultades técnicas al cambiar las instalaciones mientras se intenta mantener la producción.
Segovia, como principal provincia productora de porcino de Castilla y León se ha adelantado con suficiente antelación a la fecha límite del 1 de enero de 2013 y gracias al trabajo de los ganaderos, veterinarios e ingenieros han llegado a un casi total cumplimiento de la normativa.
En el mismo sentido se pronuncia Mariano Herrero, responsable de la Federación de Asociaciones de Sanidad Porcina (Feaspor). “El grado de cumplimiento es muy alto, casi del cien por cien”, pues estima que algunas granjas pequeñas no se adaptarán, al preferir cesar la producción antes que realizar grandes inversiones. Éstas no superan el 5%, según sus cálculos .
Las reformas son obligatorias desde el año 2003, aunque hubo una moratoria de diez años, de modo que desde el 1 de enero son obligadas para todas las granjas.
En resumen, la Ley representa un descenso en el número de animales que acogen las granjas de porcino, pues es necesario dar a los animales más espacio. Ello se traduce en una pérdida de producción que de momento está siendo asumida por el ganadero. “Estas pérdida de producción son del orden de 100 a 150 euros por cerda reproductora presente en la explotación dependiendo de si hay que reducir el censo de la granja o si se puede mantener”, explica Miguel Ángel Higuera.
El resultado global del coste de adaptación a la normativa de bienestar animal ronda entre los 250 y los 450 euros por cerda presente en la granja, con una media de unos 325 euros. En el caso de una granja de tamaño medio de 500 reproductoras el gasto al que hay que hacer frente es de unos 175.000 euros.
Extrapoladas estas cantidades a la provincia, puede decirse que el gasto que ha tenido que afrontar el sector porcino de Segovia para adaptarse al bienestar de sus animales ha sido de más de 40 millones de euros. A nivel nacional puede haber representado más de 600 millones de euros.
Desembolsos elevados
Para el responsable de Anprogapor, estas cifras suponen una cantidad “excesiva” dada la precaria situación económica que viven los ganaderos de España y concretamente los ganaderos de porcino. “Hay que recordar que desde la primera crisis de materias primas de finales de 2007, el sector porcino no levanta cabeza, lo que ha generado una descapitalización de la granjas que ha necesitado disponer de sus reservas para conseguir circulante que permitiera continuar la activad”.
Higuera sostiene que a esta situación se ha sumado la crisis financiera global que hace más difícil o imposible el acceso a financiación externa. “Desde el punto de vista de resultados de funcionamiento del nuevo sistema hay cierta disparidad, porque si bien es cierto que hay ganaderos que han mejorados sus producciones, otros las han empeorado”.
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