Los ganaderos de porcino en España se enfrentan a una amenaza que podría comprometer la viabilidad de sus explotaciones debido al Real Decreto 159/2023 sobre Bienestar Animal. Esta normativa, que entrará en vigor en marzo de 2025, obliga a reducir la densidad de animales en las granjas o a ampliar sus instalaciones, una medida que ya se aplica a nuevos proyectos.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha manifestado su preocupación. La organización advierte que la reducción de animales o la ampliación de instalaciones implicará pérdidas económicas significativas para los ganaderos, disminuyendo su rentabilidad.
Para mitigar el impacto económico, UPA propone que las integradoras del sector porcino compensen a los ganaderos incrementando el precio pagado por cada cerdo criado. Esta compensación sería crucial para evitar el colapso financiero de muchas explotaciones, dada la dificultad de expandir las instalaciones.
El Ministerio de Agricultura español ha mostrado disposición para revisar la densidad permitida de animales, siempre que el sector presente un plan con medidas específicas de bienestar animal. UPA sugiere la implementación de materiales manipulables en las granjas, lo que mejoraría las condiciones de vida de los cerdos y evitaría lesiones.
UPA planea coordinarse con INTERPORC para desarrollar un plan conjunto que será presentado al Ministerio de Agricultura. El objetivo es asegurar la sostenibilidad y rentabilidad de las más de 85,000 granjas porcinas en España, un sector que representa el 39% del valor de la Producción Final Ganadera y es líder en Europa.
La situación es alarmante para los ganaderos, quienes aseguran que no podrán asumir las pérdidas que esta normativa conllevará. De no poder repercutir el incremento de costes en el precio de la carne, muchas explotaciones se verán obligadas a cerrar, afectando tanto a los productores como a los consumidores, quienes enfrentarán precios más altos.
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