Todas las plantas de tratamiento han cerrado provisionalmente por la guerra eléctrica
Los sindicatos agrarios ha alertado de que entre un 20 y un 25% de las granjas de cerdos de la demarcación de Lleida sufren ya problemas con los excedentes de purines que se acumulan a causa de la parada de las plantas catalanas de tratamiento de purines. Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Lleida, así se lo han asegurado los representantes de los sindicatos agrarios a la subdelegada, Inma Manso, con la que se han reunido. En concreto, Manso ha recibido a los representantes de los sindicatos agrarios Unió de Pagesos (UP), JARC y ASAJA, así como a representantes de la Federación de Cooperativas agrarias de Cataluña (FCAC) y de la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los purines (ADAP) para hablar del futuro de las plantas de tratamiento de purines a raíz del proyecto de reforma energético en el que trabaja el Gobierno estatal.
En el transcurso de la reunión, los representantes agrarios han trasladado a Manso la preocupación existente por el futuro de las plantas de tratamiento de purines que, aseguran, dejarán de ser viables económicamente si el Gobierno del Estado aprueba la reforma energética sobre energías renovables, cogeneración y residuos en la que se trabaja actualmente.
En este sentido, los sindicatos alertan de la afectación medioambiental que ya genera la parada de las plantas de tratamiento de purines, porque las granjas no tienen alternativas para hacer frente al volumen de excedentes que se gestionan en las mismas, que sólo en Cataluña suponen 650.000 metros cúbicos anuales.
Desde hace unas semanas, las 29 plantas que hay en territorio español (seis de ellas en Cataluña) han cerrado provisionalmente a la espera de la aprobación del decreto del Gobierno español sobre la reducción de las primas energéticas, ya que éste tendrá efectos retroactivos.
La Subdelegada del Gobierno se ha comprometido a trasladar a los Ministerios de Industria y al de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente las inquietudes del sector y a crear una comisión entre ambas partes con el objetivo de intercambiar toda la información disponible sobre la tramitación del Real Decreto.
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