Por Lauren Etter y Greg Hitt
Con los precios de los granos por los cielos, los ingresos de los agricultores en niveles récord y el déficit presupuestario del gobierno estadounidense creciendo cada vez más, se creería que los subsidios y ayudas a los agricultores de Estados Unidos son vulnerables a una purga.
Sin embargo, el sector agrario de ese país ha logrado, hasta el momento, contener la campaña más radical en años por reducir los miles de millones de dólares que el gobierno le entrega cada año.
"En algún punto, tiene que preguntarse, '¿Tiene sentido esto para los contribuyentes estadounidenses?'", se plantea el representante en la Cámara por el Partido Demócrata Ron Kind. Este político presentó un proyecto que habría recortado US$10.000 millones a lo largo de cinco años en subsidios y vio cómo fue aplastado en las plenarias de la Cámara.
Esta semana el precio del trigo para entrega en mayo alcanzó US$10,33 el bushel. Los ingresos de las granjas estadounidenses, impulsados por la demanda de granos de las nuevas clases medias en todo el mundo y por la industria de los biocombustibles, podrían alcanzar los US$92.300 millones este año. Aun así, se cree que los agricultores recibirán US$13.000 millones en subsidios federales este año, según el Departamento de Agricultura de EE.UU., incluyendo pagos por commodities, conservación de tierras y asistencia de emergencia.
Hace poco más de un año, las estrellas parecían haberse alineado para lograr cambios significativos a la compleja ley agraria estadounidense, que concede miles de millones a agricultores y dueños de tierras para ayudar a estabilizar los precios de los granos, hacer los productos más competitivos fuera del país y proveer un amplio suministro de alimentos.
El presidente George W. Bush, diversos demócratas y una amplia coalición de grupos de interés tenían estos cambios en su agenda, pero ahora que el Congreso está por terminar la nueva ley, su costo será más alto que los US$250.000 millones de la de 2002.
¿Qué pasó? Los influyentes grupos de interés que consideraron respaldar los cambios firmaron acuerdos para hacerse con su propia porción del pastel. Los legisladores que apoyaron los cambios se arrepintieron a medida que el debate entraba en un año electoral. Las alianzas históricas entre legisladores rurales y urbanos resultaron difíciles de separar. El negocio agrícola de EE.UU. vertió más de US$80 millones en lobby el año pasado, según la organización sin ánimo de lucro Center for Responsive Politics. Buena parte se concentró en la ley agrícola.
Esta ley, que usualmente se renueva cada cinco años, tiene sus orígenes en la Gran Depresión, cuando un cuarto de la población estadounidense vivía en granjas y sufría extraordinarias dificultades económicas. La ley fue diseñada como una medida temporal para incrementar sus ingresos.
Desde entonces, se ha convertido en un paquete de programas difíciles de cancelar, suministrando pagos y préstamos especiales a agricultores para contrarrestar las oscilaciones en los precios de los commodities y asegurar la estabilidad del mercado, así como los ingresos. La legislación también se ha convertido en un vehículo para financiar los cupones de alimentos que se entregan a personas de escasos recursos, la conservación de tierras y los comedores escolares, entre otros programas, atrayendo a partidarios que en realidad poco o nada tienen que ver con las granjas.
Eso ha ayudado a crear una poderosa alianza que hace que sea muy difícil cambiar la ley agrícola. La ley agrícola de 2002 fue la más cara de la historia con un pago total casi equivalente a lo que el gobierno federal dedica anualmente al Departamento de Educación. Y eso, pese a que actualmente los agricultores representan menos del 1% de la población estadounidense. La agricultura del país está dominada por grandes granjas con ventas anuales de US$1 millón o más. Se cree que los ingresos promedio de un hogar agrícola alcanzarán los US$90.000 este año, 17% más que el promedio de un hogar tradicional estadounidense, según el Departamento de Agricultura de EE.UU. La ley actual otorga subsidios a los agricultores con ingresos brutos ajustados de hasta US$2,5 millones.
"Si está dándole una malla de seguridad a los estadounidenses más acaudalados, no es una malla de seguridad", dice Chuck Connor, subsecretario de agricultura y principal negociador de la ley agrícola del gobierno de Bush. "Creemos que es fundamentalmente erróneo".
Los agricultores alegan que es importante apoyar esta parte vital de la economía estadounidense. "Lo que es importante para la economía en general, y nuestra parte en ella, es mantener una producción agrícola fuerte", asegura Bob Stallman, presidente de la American Farm Bureau Federation.
